La idea de soberanía que se aplica en el ámbito internacional surgió de la revolución francesa y se refiere a la capacidad que tiene el Estado para ejercer su poder político. La soberanía es suprema porque el Estado es el único depositario del poder y no existe ninguna instancia que esté sobre él; también es independiente porque no está subordinado a ningún otro poder. De este modo, el Estado puede ejercer su función sin injerencias extrañas y queda capacitado para determinar las normas que regirán tanto su vida interna como la externa, o sea, las relaciones con los otros Estados, que también son soberanos y, en consecuencia, iguales entre sí.
Pero la soberanía política no es una cualidad innata del Estado porque reside originalmente en el pueblo, quien cede al gobierno –uno de los elementos del Estado– la misión de ejercerla a través de los órganos creados para ello. Entonces, si la soberanía emana del pueblo, es decir, de la sociedad, es intransferible, y por ello el Estado no puede cederla bajo ninguna circunstancia a poderes extranjeros, so pena de ser desconocido en sus funciones. El ejercicio de la soberanía está determinado por la ley fundamental que rige a un Estado, que es la constitución. Ésta, al ser aceptada tanto por el Estado como por el pueblo, alcanza su máxima expresión en cuanto a la idea de que la fuente misma de la soberanía es la voluntad popular.
Sin embargo, la soberanía ejercida por el Estado sólo se extiende a la vida política y no a otros derechos de la población. Es así que cuando un Estado pretende ejercer su poder sobre otros derechos populares, los violenta y entra en el campo del totalitarismo, una práctica que excede las atribuciones del Estado. Por el contrario, hoy la soberanía de numerosos Estados del mundo se encuentra amenazada por factores derivados del modelo económico capitalista vigente, por el creciente poder acumulado por las empresas trasnacionales, los acuerdos comerciales internacionales y los procesos de integración política, entre otros, que pretenden imponer a los Estados acciones políticas que atentan contra los intereses nacionales en los campos de política interna y externa, y en la dirección de la economía.
